El diagnóstico que motivó a Bre-B es esencialmente un problema de coordinación de mercado. Un estudio técnico encargado por el propio Banco de la República en 2020 y el Financial Sector Assessment Program del FMI en 2021 coincidieron en que la proliferación de billeteras y códigos QR cerrados, no interoperables entre sí, limitaba la masificación de los pagos inmediatos en el país; para dimensionar esa fragmentación, hacia 2022 el uso de transferencias cuenta a cuenta por habitante en Colombia se ubicaba muy por debajo del de economías comparables como Perú, Chile o Brasil, y la inmensa mayoría de las transferencias por depósito electrónico no salía de la entidad de origen. En lugar de sustituir las billeteras y sistemas de pago de bajo valor existentes, la arquitectura que terminó adoptando el Banco de la República —formalizada mediante el artículo 104 de la Ley 2294 de 2023 y la Resolución Externa 6 de 2023 de la Junta Directiva— los conecta a través de dos componentes centralizados: el Directorio Centralizado de llaves (DICE), que administra los identificadores que cada cliente vincula a su cuenta, y el Mecanismo Operativo para la Liquidación (MOL), que liquida en forma bruta, en tiempo real y contra dinero de banco central.

Ese valor promedio de 153.901 pesos por operación liquidada en el MOL —que agrega tanto transferencias cotidianas entre personas naturales como flujos de mayor cuantía en fase temprana de adopción empresarial— es superior al que exhibe específicamente la transferencia inmediata entre personas naturales dentro del desglose más amplio de instrumentos de pago (132.415 pesos; véase la Figura 5, panel A). La diferencia, aunque no es directamente comparable en su ventana temporal exacta, es indicativa de que Bre-B ya cursa, incluso en sus primeros meses, una porción no despreciable de pagos de mayor cuantía que excede el envío cotidiano entre particulares con el que suele asociarse a los esquemas de pagos inmediatos.

Agenda a futuro: de las transferencias entre personas a los recaudos

El Banco de la República identifica explícitamente los pagos empresariales, la dispersión masiva, los recaudos, el comercio electrónico y los pagos recurrentes como los siguientes casos de uso a habilitar en Bre-B, junto con una eventual vinculación con sistemas de pagos inmediatos de otros países de la región para pagos transfronterizos. Esta hoja de ruta es directamente relevante para la gestión de tesorería de gobiernos locales, incluida la Secretaría de Hacienda de Armenia, en la medida en que el recaudo de tributos municipales por una infraestructura liquidada en tiempo real y a costos marginales podría, en un horizonte de mediano plazo, complementar los canales actuales de recaudo del predial y de industria y comercio.

El cheque conserva, pese a su tendencia decreciente en número de operaciones, el mayor valor promedio por transacción de todos los instrumentos de pago, tanto para personas naturales (35,50 millones de pesos) como para personas jurídicas (44,56 millones de pesos), lo que confirma que su función remanente es la de pagos puntuales de alta cuantía. Le sigue, para las personas jurídicas, la transferencia intra (22,32 millones de pesos), un indicio de que la transferencia electrónica ha ido sustituyendo al cheque en ese segmento. En el extremo opuesto, las personas naturales concentran su uso de instrumentos electrónicos en montos bajos y cotidianos: la transferencia intra por billetera móvil tiene un valor promedio de apenas 63.005 pesos.

La sexta medición de la encuesta de percepción de billetes, monedas e instrumentos de pago del Banco de la República, realizada en 2026, confirma que el efectivo sigue siendo el instrumento principal para la mayoría de los pagos habituales de los colombianos, pero con una pérdida sostenida de predominio relativo. A escala nacional, el porcentaje de población para la cual el efectivo es el instrumento principal cayó de 89% a 66% en número de pagos, y de 91% a 65% en valor, entre 2014 y 2026. Solo en los últimos tres años la caída fue de 12 y 14 puntos porcentuales, respectivamente, un ritmo de sustitución más rápido que el de la década previa.

La misma encuesta capta también el lado de la aceptación, y ahí el ritmo es más lento. El porcentaje de comercios que declara recibir sus pagos principalmente en efectivo bajó de 89% en 2023 a 85% en número de transacciones y 86% en valor en 2026, mientras que la proporción que recibe principalmente por transferencia electrónica subió de 9% a 14% en número y de 8% a 13% en valor. Comparada con la caída de 12 puntos porcentuales en el uso del efectivo por parte de los consumidores en la misma ventana de tres años, la caída de apenas 4 puntos en su aceptación por parte del comercio (en número) sugiere que buena parte del tejido comercial, en particular el de menor escala, todavía no ajusta su infraestructura de cobro al ritmo al que sus clientes migran hacia los pagos electrónicos. Esa fricción entre la demanda y la oferta de medios de pago es, precisamente, uno de los puntos donde una agenda de recaudo interoperable como la que Bre-B contempla podría tener mayor efecto de arrastre sobre el comercio de ciudades intermedias.

La exposición de Armenia y el Quindío a la transformación documentada en el RIFIP 2026 es indirecta y desigual, en un sentido análogo al que este Observatorio aplica al analizar choques de precios de materias primas: el departamento no participa de la infraestructura de pagos como emisor de innovación —ningún SPBVI, banco ni fintech de Bre-B tiene sede en el Eje Cafetero— sino como receptor tardío de una ola de digitalización cuyo ritmo depende de variables estructurales locales antes que de la política nacional en sí misma. Tres canales concretan esa exposición indirecta.

Primero: la estructura por estratos anticipa un rezago de adopción

El hallazgo más útil del RIFIP 2026 para este ejercicio no es un promedio nacional, sino la brecha por estrato socioeconómico: 81% de la población del estrato 1 sigue pagando principalmente en efectivo, frente a 31% en el estrato más alto. El Quindío, y en particular su ruralidad cafetera, concentra una proporción de población en estratos 1 y 2 superior a la de las cuatro grandes metrópolis sobre las que el Banco de la República sí reporta cifras de ciudad. El propio reporte documenta que, entre 2023 y 2026, la caída del efectivo como instrumento principal fue de 23 puntos porcentuales en Bogotá y de apenas 1 punto en Medellín; si ese rango de heterogeneidad ya existe entre las cuatro ciudades más grandes del país, es razonable anticipar que una ciudad intermedia con una base rural amplia como Armenia se ubique en el extremo más lento de esa distribución, y no en el más rápido.

Segundo: la hoja de ruta de Bre-B hacia los recaudos es una ventana fiscal, no un hecho consumado

El Banco de la República señala expresamente los recaudos como uno de los próximos casos de uso a habilitar en Bre-B, junto con pagos empresariales y comercio electrónico. Para la Secretaría de Hacienda de Armenia esto representa una oportunidad de mediano plazo —no inmediata— para reducir el costo de intermediación en el recaudo del predial y de industria y comercio, en la medida en que la liquidación en tiempo real y a costo marginal bajo pueda extenderse a pagos de persona a gobierno. La experiencia de otros esquemas de pagos inmediatos maduros sugiere que esta ampliación de casos de uso suele tardar entre uno y tres años después del lanzamiento del esquema de persona a persona, por lo que 2027-2028 es un horizonte razonable para que el Observatorio revise si la modernización del recaudo local es ya viable.

Tercero: las remesas conectan al Quindío con la agenda de interconexión transfronteriza

Las remesas hacia Colombia alcanzaron 2,8% del PIB en 2025, un máximo histórico, con un crecimiento anual de 10,6% (Banco de la República, 2025). El Quindío es, dentro de esa cifra nacional, uno de los departamentos con mayor dependencia relativa de este flujo: según cifras del Banco de la República, las remesas hacia el departamento crecieron 19% entre 2023 y 2024, hasta USD 262,9 millones, un monto que prácticamente equipara el total de las exportaciones departamentales de ese año (USD 263,5 millones), con Estados Unidos, España y Chile como principales países de origen. El RIFIP 2026 dedica una sección completa a documentar que los pagos transfronterizos siguen siendo más costosos que los domésticos —el costo promedio de una remesa de USD 200 en América Latina fue de 6,3% en el primer trimestre de 2025, muy por encima de la meta de 3% fijada por Naciones Unidas para 2030— y plantea la interconexión internacional de sistemas de pagos inmediatos, del tipo de Bre-B, como una de las vías para reducir esos costos. Si esa agenda avanza, un departamento con la dependencia de remesas del Quindío tiene más que ganar que el colombiano promedio.

La conclusión práctica para el Observatorio es doble. De un lado, el seguimiento a la adopción de Bre-B debería incorporarse como variable de monitoreo recurrente, no porque exista una serie departamental hoy disponible, sino porque su eventual desagregación —si el Banco de la República la publica en ediciones futuras del RIFIP, como ya ocurre con las remesas— permitiría por primera vez medir de forma directa la velocidad de inclusión financiera digital de la ruralidad cafetera. De otro lado, la ventana de modernización del recaudo local a través de infraestructura interoperable amerita una evaluación técnica propia, en coordinación con la Dirección de Tesorería, antes de que la ampliación de casos de uso de Bre-B esté disponible a escala nacional.