Observatorio Tributario: el proyecto de ley que busca reordenar el esquema de competencias y recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)

I. Contexto

El proyecto de “ley de competencias” radicado por el Gobierno Petro busca completar el rediseño territorial del Estado: más recursos vía SGP para entidades territoriales, pero también más responsabilidades y mayores exigencias de gestión, especialmente en educación, salud y agua/saneamiento. El corazón de la reforma es que la descentralización no sea solo “más plata”, sino un traslado gradual de funciones con un esquema de asignación diferenciada (asimétrica) según capacidades institucionales del territorio, acompañado de mecanismos de monitoreo, correctivos y reglas financieras más estrictas (cuentas separadas, destinación específica, control de acumulación de saldos, etc.).

Para un municipio intermedio como Armenia, esto se traduce en una ecuación práctica:
(Recursos crecientes + nuevas tareas) / (capacidad estructurar, contratar y ejecutar con resultados).

Si el municipio fortalece sus capacidades de planeación, ejecución y control, los recursos adicionales pueden convertirse en mejor prestación de servicios y cierre de brechas. Si no lo hace, el riesgo principal no es “que falte plata”, sino subejecutar, acumular saldos y detonar correctivos e intervenciones, además de hallazgos de control por calidad del gasto.

II. Qué cambia con la ley

En términos de operación pública, la ley empuja cuatro cambios:

1. Más recursos territoriales y senda de crecimiento del SGP
   La reforma consolida un incremento del peso del SGP y reorganiza reglas de distribución/destinación. Esto aumenta la “caja” territorial, pero también eleva el estándar de ejecución.
2. Más responsabilidades (“competencias”) y traslado gradual de funciones
   A medida que crece el SGP, se espera que el nivel nacional transfiera responsabilidades, con reglas para concurrencia, cofinanciación y coordinación sectorial.
3. Descentralización asimétrica por capacidades
   No todos los municipios asumirán lo mismo de la misma forma: el modelo plantea clasificar territorios por capacidades para modular competencias, apoyos e incentivos.
4. Más control sobre ejecución y riesgos de prestación del servicio
   Se refuerza el monitoreo y la posibilidad de correctivos cuando haya señales de riesgo, en particular cuando se acumulan recursos sin ejecutar y eso termina afectando la prestación. También se endurecen reglas financieras típicas del SGP (cuentas separadas, trazabilidad y restricciones para usos no permitidos).

III. Armenia y el SGP

La evolución del SGP de Armenia es la siguiente:

Total SGP Armenia

• 2020: $190,69 mil millones COP
• 2021: $203,26 mil millones
• 2022: $207,98 mil millones
• 2023: $238,50 mil millones
• 2024: $302,51 mil millones

Crecimiento 2020 → 2024

• + $111,81 mil millones (+58,64%)
• Crecimiento anual compuesto (2020–2024): ≈ 12,23%

Salto más exigente (2023 → 2024)

• + $64,01 mil millones (+26,84%)

Distribución 2024 (monto y participación)

• Educación: $203,96 mil millones (67,42%)
• Salud: $75,56 mil millones (24,98%)
• Propósito general: $14,68 mil millones (4,85%)
• Agua potable: $7,62 mil millones (2,52%)
• Alimentación escolar: $0,68 mil millones (0,23%)

Dónde se concentra la presión operativa (incremento 2023 → 2024)

• Educación: + $42,94 mil millones (+26,67%)
• Salud: + $17,76 mil millones (+30,73%)
• Propósito general: + $2,87 mil millones (+24,32%)
• Agua: + $0,31 mil millones (+4,19%)
• PAE: + $0,12 mil millones (+21,72%)

Lectura clave para Armenia: el desafío no es marginal; en un solo año el municipio tuvo que absorber un incremento equivalente a $64 mil millones adicionales. Eso exige pipeline de proyectos maduro, contratación sin cuellos de botella, interventorías oportunas, y un sistema de seguimiento que muestre que la plata se traduce en servicio (no solo en contratos).

IV. Las tareas que debe adelantar Armenia

A) Planeación y gerencia de inversión (PMO SGP) — “convertir caja en resultados”

Aquí está el mayor retorno institucional. Sin esto, los demás sectores se atascan.

Qué fortalecer

• PMO municipal SGP (tipo oficina de proyectos): control de hitos: (estructuración → contratación → ejecución → pagos → cierre).
• Banco de proyectos “contratables”: diseños, presupuestos, licencias/permisos y riesgos listos.
• Gestión contractual e interventoría: estandarización de pliegos y supervisión basada en evidencia.

Entregables mínimos

• Pipeline anual por sector (12 meses) con proyectos “en bandeja”.
• Calendario trimestral de contratación y pagos.
• Matriz de riesgos por proyecto + plan de mitigación.

---

B) Salud pública y red (APS + capacidad territorial)

Salud ya representa $75,56 mil millones (2024) y crece rápido. El foco operativo debe ser capacidad territorial de atención primaria, vigilancia y respuesta, y ordenamiento de la red.

Qué fortalecer

• Microplaneación por comunas y veredas: población objetivo, rutas, equipos, metas.
• Contratación por resultados: metas de cobertura y oportunidad, no solo actividades.
• Vigilancia en salud pública: analítica + respuesta rápida.

Entregables

• “Mapa de calor” de demanda y riesgo por territorio.
• Plan operativo APS con metas trimestrales.
• Tablero de oportunidad, coberturas y eventos de vigilancia.

---

C) Educación (infraestructura + permanencia + ejecución)

Educación es el bloque crítico: $203,96 mil millones (67,4% del total 2024). El riesgo operativo típico es infraestructura sin maduración o contratación tardía.

Qué fortalecer

• Infraestructura educativa con paquetes estandarizados: baterías sanitarias, cubiertas, redes hidrosanitarias, cocinas y comedor, cerramientos, mantenimiento recurrente.
• Permanencia: alertas tempranas por institución (ausentismo, riesgo de deserción).

Entregables

• Priorización técnica de sedes (criticidad y costo/impacto).
• Programación de obras por ventanas (vacaciones, calendarios).
• Sistema de alertas tempranas de permanencia.

---

D) Agua potable y saneamiento (impacto alto con monto menor)

Aunque el rubro es menor ($7,62 mil millones en 2024), es altamente sensible por continuidad/calidad. Se requiere capacidad técnica y coordinación con el prestador.

Qué fortalecer

• Proyectos de pérdidas con micromedición, puntos críticos, mantenimiento.
• Gestión de calidad y riesgos (fuentes, redes, respuesta).

Entregables

• Plan anual de reducción de pérdidas y mejora de continuidad.
• Lista priorizada de puntos críticos con cronograma y metas verificables.

V. Los indicadores que Armenia debe implementar

La ley empuja a demostrar ejecución y resultados. El tablero debe tener dos capas: financiera y de servicio.

5.1 Indicadores financieros (por cuenta: Educación, Salud, Agua, PG, PAE)

1. % comprometido / % obligado / % pagado (mensual y acumulado)
2. Días de caja ociosa (saldo sin movimiento relevante)
3. Tiempo de ciclo contractual (estudios previos → adjudicación → inicio)
4. Avance físico vs avance financiero (brecha)
5. Concentración de pagos (qué tanto se paga “al final del año”)

Semáforos operativos sugeridos

• A fin de Q2: comprometido < 45–50% = alerta
• A fin de Q3: obligado < 60–70% = alerta
• Cierre anual: pagado < 85–90% = alerta (según naturaleza de obra/servicio)

5.2 Indicadores de servicio

• Salud: cobertura APS, oportunidad de atención prioritaria, coberturas de vacunación, tiempos de respuesta en vigilancia.
• Educación: asistencia mensual, deserción, sedes con agua/saneamiento funcional, avance de mejoramientos prioritarios.
• Agua: continuidad, pérdidas/agua no contabilizada, cumplimiento de calidad (según esquema local), atención de daños.
• Propósito general: indicadores del proyecto específico (metas físicas claras: km, m², beneficiarios, tiempos).

VI. Riesgos de “correctivos e intervención” y cómo blindarse

El riesgo operativo más sensible (por el espíritu de la reforma) es: tener plata disponible y no convertirla en prestación efectiva, ya sea por subejecución, mala calidad del gasto o deterioro del servicio.

Riesgo 1: Acumulación de saldos / subejecución

• Blindaje: pipeline > 120% del presupuesto; comité quincenal de destrabe; programación trimestral de contratación y pagos.

Riesgo 2: Ejecución tardía y atropellada (picos al final)

• Blindaje: cronograma anual por hitos; estandarización de paquetes; interventoría desde el inicio.

Riesgo 3: Hallazgos por uso no elegible o débil trazabilidad

• Blindaje: checklist de elegibilidad del gasto SGP antes de comprometer; expediente digital por contrato (acto–evidencia–entregable–pago).

Riesgo 4: Pagos sin evidencia física suficiente

• Blindaje: pagos condicionados a actas verificables + evidencia (fotográfica/georreferenciada cuando aplique) y control de calidad.

Referencias

Valora (2025). Valora Analitik. Más plata para las regiones, pero con nuevas tareas: la reforma territorial que radicó el Gobierno. https://www.valoraanalitik.com/mas-plata-para-las-regiones-pero-con-nuevas-tareas-la-reforma-territorial-que-radico-el-gobierno/