El cero universal es legalmente inviable. Equivale al 73 % de los ingresos tributarios de 2025 y al 19 % del presupuesto. El indicador de la Ley 617 pasaría de 53,9 % a más de 190 % (límite 65 %): saneamiento obligatorio, pérdida de categoría y crédito bloqueado.